De Estocolmo al Biobío. El surgimiento de la cuestión medioambiental en el Norte Global y su recepción en Chile a partir de la hidroelectricidad, 1970-2000*

 

From Stockholm to Biobío. The rise of the Environmental Issue

in the Global North and its Reception in Chile from Hydroelectricity, 1970-2000

 

 

Nicolás López Cvitanic**

 

 

Resumen

El presente artículo analiza los vínculos entre el surgimiento de la cuestión medioambiental en el Norte Global, y la difusión y aplicación de sus ideas y prácticas en Chile. La investigación examina los repertorios de acción contenciosa de los movimientos ambientalistas que se manifestaron contra grandes proyectos de hidroelectricidad en el sur de Chile, específicamente en el río Biobío. Se plantea que las formas de articular la resistencia contra las centrales hidroeléctricas de Pangue y Ralco, en las décadas de 1990 y 2000, está asociada a transformaciones globales en torno a ideas y prácticas referidas al cuidado del medioambiente. La metodología empleada se basa en la teoría de los nuevos movimientos sociales y en el análisis de prensa chilena de los años 1990, a fin de dar cuenta del impacto mediático de los casos de estudio. El punto de partida será la Declaración de Estocolmo de 1972, pasando por la Declaración de Río de 1992 y por la conformación de redes trasnacionales de defensa ambiental. Finalmente, entre los principales resultados de la investigación destacan las relaciones que existen entre las estrategias asociativas del Norte Global y Chile.

 

Palabras clave: ambientalismo, centrales hidroeléctricas, nuevos movimientos sociales, Pangue, Ralco.

 

Abstract

This article analyses the connections between the emergence of the environmental problem in the Global North and the spreading and application of its ideas and practices in Chile. The investigation examines the contentious action repertoires of the environmental movements that rose against mayor hydroelectric projects in the south of Chile, specifically on the Biobío River. This research suggests that the ways of articulating the resistance against the hydroelectric plants of Pangue and Ralco during the 90’s and 2000’s is linked to global transformations around the ideas and practices associated with caring for the environment. The methodology used is based on the theory of the new social movements and the analysis of the Chilean press in the 90s, to account for the media impact of the study cases. The starting point of this research will be the Stockholm Declaration of 1972, considering the Río Declaration of 1992 and the configuration of a transnational network of environmental defense. Finally, we will present the main results of the research, highlighting the existing links between the associative strategies of the Global North and Chile.

 

Keywords: environmentalism, hydroelectric power station, new social movements, Pangue, Ralco.

 

 

Introducción

 

La construcción de centrales hidroeléctricas en Chile se viene gestando desde fines del siglo xix (Villalobos, 1990: 288). Sin embargo, hay que convenir que por entonces se trataba de pequeñas centrales que no implicaban demasiada ocupación del espacio, ni tampoco generaban una cantidad de energía de las magnitudes actuales. Las grandes centrales de hidroelectricidad chilenas empezarían a proliferar recién en torno a la década de 1960, como resultado de una serie de estrategias, por un lado, globales, en que las superpotencias de la Guerra Fría fomentaban el desarrollo tecnológico e industrial de los países tercermundistas, y por otro, nacionales, mediante las cuales el Estado buscaba fortalecer la industria nacional, generar energía para el país y encaminar a Chile hacia el anhelado progreso (Endesa, 1993: 113). Dicho progreso no es exclusivo del contexto chileno: las sociedades latinoamericanas han abogado por él desde las independencias decimonónicas y, ciertamente, responde a un impulso mucho más generalizado, propio de la modernidad occidental (véase Devés, 2000; Pinto, 2002; Taylor, 2006).

La primera central de envergadura —que se planteó como un megaproyecto tanto por su ingeniería como por la producción energética que implicaba— fue la de Rapel, que entró en funcionamiento en 1968 (Villalobos, 1990: 355). Sin embargo, no fue hasta los años noventa que las comunidades asentadas en los terrenos donde se instalaron las represas empezaron a manifestarse de manera masiva y organizada contra este tipo de proyectos. Así, la instalación de centrales hidroeléctricas en la zona del Alto Biobío provocó una serie de disputas entre los habitantes de la zona, la empresa a cargo del proyecto (Empresa Nacional de Electricidad, Endesa[1]), el Estado chileno en su rol de mediador y los movimientos sociales que protestaron contra la instalación de la central, tanto en las comunidades mismas como a lo largo del país (Camus y Hajek, 1998).

 

Aunque los proyectos terminaron siendo una realidad, y hoy el complejo Pangue-Ralco en su conjunto es una de las principales fuentes de producción de electricidad en el país, es posible plantear dos motivos por los que la instalación de las centrales generó tanto rechazo, a diferencia de los anteriores proyectos de hidroelectricidad que, en términos generales, obtuvieron un mayor consenso ciudadano. En primer lugar, la represa se instaló en una zona con una importante población indígena, habitada por siete comunidades pehuenche que, juntas, sumaban 3.957 personas (Endesa, 1997: 1.8). En la práctica ello significó desplazar a casi cuatro mil habitantes que poseían un vínculo especial con esa tierra de la que eran despojados: el mundo pehuenche, así como el mundo mapuche en general, se estructura “a partir de su propio conocimiento, el que tiene en la relación de comprensión y reciprocidad con la tierra y la naturaleza su esencia y fundamento” (Marimán et al., 2016: 49).

El segundo factor que explica una mayor resistencia frente a las centrales de Pangue y Ralco es que existe una conciencia creciente en torno al cuidado y a la protección del medioambiente. En este sentido, a diferencia de anteriores megacentrales como Rapel o Colbún —inauguradas en 1968 y 1985 respectivamente—, Pangue y Ralco se establecieron en un contexto en el que el medioambiente adquirió una amplia presencia en los medios de comunicación, en las agendas públicas y los debates ciudadanos, lo cual, ciertamente, no respondía apenas a una realidad nacional.

Desde mediados del siglo pasado, diversos actores de la sociedad han levantado banderas de lucha por el cuidado de la naturaleza, incluyendo voces del mundo académico y organizaciones de la sociedad civil. Surgido inicialmente en Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, el fenómeno se extendió rápidamente a Europa, lugar que albergó la primera convención internacional del medioambiente a cargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). A partir de aquel impulso, durante la segunda mitad del siglo xx, y en especial en el último cuarto de la centuria, se masificaron las redes internacionales de actores no estatales centradas en la protección medioambiental.

En este trabajo, denominaremos “cuestión medioambiental” a la conjunción de la toma de conciencia sobre el deterioro ambiental y las acciones humanas asociadas a él; dicho término engloba la creciente preocupación en estas materias por parte de determinados actores —gobiernos, mundo académico e instituciones de la sociedad civil—, así como las estrategias asociativas de tales actores en el marco de la formación de los nuevos movimientos sociales de la segunda mitad del siglo (Riechmann y Fernández, 1994; Ulianova y Estenssoro, 2012). Siguiendo a Estenssoro, la cuestión medioambiental se vincula directamente con la toma de conciencia por parte de la humanidad en torno a los efectos nocivos del modo de vida del ser humano contemporáneo, lo cual ha generado un grave deterioro del medioambiente y de los ecosistemas, desencadenando con ello una compleja crisis ambiental planetaria (Estenssoro, 2014a: 7).

En Chile, no fue hasta la década de 1990 que la cuestión medioambiental adquirió amplitud nacional, con una sofisticada capacidad asociativa y una visibilidad mediática que traspasó las fronteras, vinculándose con el nuevo movimiento social ambientalista surgido en el Norte Global (Ulianova y Estenssoro, 2012). Si bien antes de eso ya se habían generado investigaciones científicas,[2] innovaciones institucionales de carácter legal[3] e iniciativas por parte de la sociedad civil vinculadas al cuidado ambiental,[4] todas estas medidas, además de no poseer los mismos objetivos, tampoco respondían a la lógica asociativa de los nuevos movimientos sociales, dado que no fueron ejecutadas articuladamente desde actores no estatales, ni adquirieron la visibilidad necesaria para influir de modo decidido en el debate nacional (Camus y Hajek, 1998: 46-47; Riechmann y Fernández, 1994; Tarrow, 1997: 256). Por ello, cabe preguntarse cómo se articuló el ambientalismo chileno durante los años noventa, qué factores incidieron en su configuración y cómo sus demandas cristalizaron en la esfera pública.[5]

El propósito del presente trabajo es analizar las conexiones entre el surgimiento de la cuestión medioambiental en el Norte Global —Europa y Norteamérica— y la difusión y aplicación de sus ideas y prácticas en Chile. Para dar cuenta de la situación chilena, estudiaremos la resistencia generada ante la instalación del complejo hidroeléctrico Pangue-Ralco, atendiendo al repertorio de acciones contenciosas (McAdam et al., 2005) llevadas a cabo por distintos actores de la sociedad, así como a las ideas que había detrás de esas prácticas. A partir del análisis de las estrategias y formas de asociatividad adoptadas por el ambientalismo chileno frente al caso de Pangue y Ralco, pretendemos determinar sus vínculos con el desarrollo del fenómeno ambiental en el Norte Global. Al revisar las dinámicas sociales del movimiento contra la instalación de este complejo hidroeléctrico, postulamos que el caso de Pangue y Ralco es un factor relevante a la hora de analizar el auge de la cuestión medioambiental chilena en los años noventa. En concreto, nuestra hipótesis es que la oposición a Pangue y Ralco encontraría sustento en los movimientos ambientalistas del país, y que esto, a su vez, respondería a una conciencia occidental que se venía gestando desde mediados del siglo xx en el Norte Global.

El artículo se estructura entonces en dos secciones. La primera analiza el surgimiento de la cuestión medioambiental en el Norte Global y su auge gradual en América Latina, mientras la segunda estudia el caso de Pangue y Ralco para, a través de él, ofrecer una mirada acerca de la difusión y aplicación de las ideas y prácticas del ambientalismo en Chile. En términos metodológicos recurriremos principalmente al análisis de la teoría de los nuevos movimientos sociales, y a tres tipos de fuentes: los aportes académicos a la discusión ambiental, los textos institucionales de la ONU surgidos a partir de sus convenciones sobre el medioambiente y, de manera esencial, la prensa chilena, que da cuenta de la visibilidad mediática de la cuestión ambiental relacionada con los proyectos de hidroelectricidad en los años noventa.

 

 

 

 

 

De Estocolmo a Río

 

 

En el nivel global los orígenes de la cuestión medioambiental remontan a mediados del siglo pasado, con un impulso esencial proveniente de los países del norte. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de las tensiones bipolares, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética iniciaron la búsqueda de nuevas formas de desarrollo mediante la conquista de la naturaleza mediante la tecnología (Purcell, 2018: 99-100). En ambos bloques “la ideología del progreso daba por sentado que el creciente dominio de la naturaleza por parte del hombre era la justa medida del avance de la humanidad” (Hobsbawm, 2013: 228). Así, y como una manera de contener los avances comunistas en el Tercer Mundo, Estados Unidos promovió proyectos de gran envergadura, como centrales nucleares e hidroeléctricas, propiciando una serie de debates ambientales en el seno de la sociedad norteamericana[6] (Estenssoro, 2014b).

Ya en los sesenta encontramos las primeras movilizaciones ciudadanas en Estados Unidos y Europa, por la contaminación en varias metrópolis y el temor ante la posibilidad de accidentes nucleares, así como la proliferación de grupos alarmados por una creciente destrucción de la flora y fauna, en especial la africana (Santandreu y Gudynas, 1998: 19; Hobsbawm, 2013: 467). La preocupación por el medioambiente creció con potencia en los países desarrollados. Y es que, luego de varios años de Guerra Fría, el incierto futuro de la humanidad ante el desarrollo amenazante de la tecnología se había convertido en un asunto que no solo había que plantear, sino que además requería intentar otorgar respuestas.

Ante esto, resultaba necesario que los efectos de la actividad humana sobre el medioambiente mundial fueran abordados en las agendas políticas de gobiernos nacionales y de instituciones de carácter global (Handl, 2012: 1). Así, desde fines de los sesenta, la ONU discutió la entrega de directrices para proteger el entorno en el que se desarrollaba el ser humano (Handl, 2012: 2). Con ello comenzaba a perfilarse lo que sería la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada desde el 5 al 12 de junio de 1972 en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Su principal resultado fue la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, emanada desde la propia Conferencia.

La Declaración de Estocolmo, lejos de representar un consenso, significó una serie de disputas entre los países, en gran parte debido a las diversas interpretaciones para las que se prestaba el documento. En este sentido, el Principio 1 señalaba el “derecho fundamental [del ser humano a] condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar” (ONU, 1972). La relación de los humanos con el medioambiente no se planteaba de modo explícito ni directo. Así, ese “medio” al que aludía el documento tuvo dos interpretaciones distintas: “los países industrializados defendían controles más enérgicos sobre los procesos contaminantes ante la oposición de los países del sur, entre ellos las de varios gobiernos y académicos latinoamericanos, que reclamaban su derecho al progreso material” (Santandreu y Gudynas, 1998: 19). Dicha distinción no es menor. Para Estenssoro, la crisis ambiental solo puede tener una respuesta política, ya que el conflicto ambiental lo es eminentemente: las desigualdades entre los países del norte y del sur expresan las diferencias que existen en las maneras de enfrentar la crisis ambiental y las respuestas que se le pueden otorgar (Estenssoro, 2014b). Un ejemplo son las sequías hídricas: no se trata de inexistencia de agua, sino de un acceso desigual a ella y, frente a la escasez, la distribución del recurso se vuelve aún más inequitativa (Davis, 2017; López, 2018).

Aunque el derecho humano al medioambiente no se encontrara planteado de forma inequívoca, sí lo estaba la prevención de daños ambientales. El Principio 21 señalaba la responsabilidad de los Estados en “velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medioambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional” (ONU, 1972). Con todo, no debemos considerar este documento como una serie de posiciones normativas detalladas. Más bien, “la Declaración de Estocolmo propugna principalmente metas y objetivos amplios de política ambiental”, de modo que la principal fortaleza de aquella reunión fue realizar “un primer balance de los efectos de la actividad humana en el medioambiente mundial; fue un intento de forjar criterios básicos comunes para hacer frente a las tareas de preservar y mejorar el medio humano” (Handl, 2012: 1). Así, se reconocía una nueva arista del derecho internacional: el medioambiente.

Sin embargo, nuestro foco no está en el medioambiente desde una perspectiva del derecho, sino en cómo las nociones sobre este se vinculan con la sociedad. Y es que la Declaración de Estocolmo motivó cuestionamientos ambientales en distintos aspectos de la vida humana. En este sentido, durante la segunda mitad del siglo xx comenzaron a operar transformaciones significativas en las sociedades occidentales en cuanto a sus relaciones con la naturaleza. Si en un primer momento esta se encontraba al servicio del ser humano en función del desarrollo tecnológico, progresivamente las prioridades cambiaron ante el surgimiento de problemas ecológicos irreversibles, como la destrucción de la capa de ozono (Hobsbawm, 2013: 467). Se trataba de una nueva noción sobre el planeta, que pasaba a ser percibido “de manera creciente como un recurso único, limitado y susceptible de perecer, poniendo de manifiesto un nuevo gran problema, como es el tema de su preservación” (Estenssoro, 1988: 13).

Uno de los ámbitos en el que se instaló la cuestión medioambiental fue en el mundo académico, responsable del desarrollo de la historia medioambiental, rama disciplinar surgida en la década de los setenta, y que entrelaza a la persona, la sociedad y la naturaleza en los estudios del pasado (McNeill y Unger, 2010: 3; Sánchez, 2015: 39). Lejos de tratarse de un consenso, esos vínculos han generado una serie de discusiones, ya que han existido formas distintas, e incluso antitéticas, a la hora de interpretar y entender la naturaleza dentro de la historia (Sánchez, 2015: 39; Brannstrom y Gallini, 2004: 6).

Todo ello nos traslada a la inserción de la cuestión medioambiental dentro de la sociedad civil. En tanto la historia medioambiental es fruto de “los movimientos sociales que resisten la capitalización destructiva de la naturaleza” (Castro, 2015: 13), podemos observar que las diferencias suscitadas en el interior de ella son también un reflejo de la articulación del ambientalismo como un nuevo movimiento social. Análogamente a la historia medioambiental, la cuestión medioambiental no debe entenderse de manera unívoca y homogénea, sino como un campo en el que dialogan y conviven posturas híbridas. Riechmann y Fernández (1994) postulan que los nuevos movimientos sociales, como el ambientalismo, son esencialmente heterogéneos, ya que su composición social es diversa, y es en torno a la combinación de intereses temáticos que se articula una sola fuerza sociopolítica, intentando alcanzar consensos y movilizaciones amplias.

La literatura define el ambientalismo como un nuevo movimiento social (Garretón, 2004: 130-131; Reichmann y Fernández, 1994: 3; Tarrow, 1997: 17-18), lo que implica formas modernas de asociación que lo distinguen. No obstante, aunque sea “nuevo”, el ambientalismo también comparte una serie de características propias de los movimientos sociales clásicos. De este modo, en los sistemas democráticos contemporáneos, cuando se producen situaciones que afectan a la sociedad (ya sea global, trasnacional, nacional o local), surgen acciones colectivas que se articulan ante la ausencia de respuestas del sistema político (Touraine, 1995: 85). Siguiendo a Mario Garcés, entenderemos un movimiento social como “una acción colectiva que se constituye desde la sociedad civil, o desde lo social, para hacer visible el malestar y diversas demandas al Estado y sus instituciones o representantes, o a un oponente en la propia sociedad civil” (Garcés, 2012: 10). En tal sentido, el elemento que define a un movimiento social lo constituye la acción colectiva de personas que apelan a un nombre común (“los trabajadores”, “las mujeres”) y que buscan llevar a cabo reivindicaciones públicas concertadas, manifestando su malestar y sus proyectos de cambio en la sociedad (Garcés, 2012: 10; McAdam et al., 2005: 146-147).

El ambientalismo, como hemos señalado, es al mismo tiempo un nuevo movimiento social en tanto que no responde a las lógicas tradicionales de los movimientos sociales clásicos. Junto con el pacifismo y feminismo contemporáneos, los tres surgieron desde las capas medias de la sociedad estadounidense como una crítica a los modelos impuestos en la lógica bipolar de la Guerra Fría. Posteriormente se expandieron desde la cultura anglosajona a los países del Norte Global, en primera instancia, y luego al resto del mundo (Riechmann y Fernández, 1994: 3-4). En términos similares, Manuel Castells habla de “movimientos contractuales” para referirse a aquellos movimientos sociales del último cuarto de siglo y que “surgen de la resistencia comunal a la globalización, la reestructuración capitalista, la organización en red, el inconformismo incontrolado y el patriarcado” (Castells, 1998: 400). No obstante, estos movimientos no eran del todo “nuevos” y tenían antecedentes significativos (el feminismo es tan antiguo como el movimiento obrero). Lo realmente novedoso era su dimensión y orientación (Riechmann y Fernández, 1994: 4).

Así, Riechmann y Fernández destacan algunas de las características de los nuevos movimientos sociales: (a) una intención emancipatoria, que comparte los idearios de la “nueva izquierda” del año 1968; (b) levantarse frente al poder desde la sociedad civil; (c) una orientación antimodernista que rechaza el progreso lineal de la humanidad; (d) una estructura descentralizada y antijerárquica; (e) la politización de la cotidianeidad y el espacio privado; (f) una composición social heterogénea con predominio de la clase media; (g) objetivos y estrategias de acción puntuales y diferenciados, y (h) métodos de acción colectiva no convencionales (Riechmann y Fernández, 1994). Precisamente, las formas en que los integrantes de los nuevos movimientos sociales manifiestan su descontento y sus demandas son novedosas y múltiples: la desobediencia civil, la resistencia pasiva, la acción directa con elementos expresivos (por ejemplo, colgar pancartas en grandes edificios) y el esclarecimiento popular (transmitir las demandas por altavoces en el espacio público) (Riechmann y Fernández, 1994).

Denominaremos al conjunto de estas prácticas disruptivas repertorio de acciones contenciosas, es decir, rutinas orientadas a la mutua reivindicación y que están a disposición de la acción colectiva. Estos mecanismos, si bien rompen con los esquemas clásicos de los movimientos sociales, no siempre son nuevos. Más bien, son conocidos de antemano, de manera que las rutinas son reelaboradas en función de las circunstancias del momento. Con ello se facilita la capacidad de coordinar, anticipar e interpretar las acciones de otros actores involucrados en un determinado conflicto social (McAdam et al., 2005: 152). Entre otros aspectos, el ambientalismo destaca por su capacidad de articular diferentes elementos del repertorio de acciones contenciosas, considerando el objetivo, la estrategia del oponente y a sus eventuales aliados (Tarrow, 1997: 204). Por ejemplo, activistas franceses y alemanes han compartido su repertorio de acciones colectivas y han actuado en conjunto en campañas públicas y en enfrentamientos contra las iniciativas de energía nuclear (Rucht, 1990).

Además de desafiar al poder político desde esquemas no convencionales, otra característica del ambientalismo, en tanto nuevo movimiento social, es su capacidad de actuar en redes no estatales. Al desarrollarse entre sujetos de la era de la información, dichos movimientos contractuales se organizan de forma interconectada y descentralizada, creando redes nacionales e internacionales (Castells, 1998: 400-401). Esto favorece el establecimiento de diálogos entre ambientalistas de distintas partes del mundo, además de permitir vincularse con otros movimientos sociales, como el feminismo o el indigenismo —lo que ocurrirá, como veremos en el caso chileno.

Retomando la Conferencia de Estocolmo, aquel hito impulsó la creación de instituciones sobre las cuales se asentarían las redes ambientalistas trasnacionales (Keck y Sikkink, 2000: 175). Durante los años ochenta el impacto de las redes trasnacionales de defensa ambiental aumentaría exponencialmente. Para el periodo 1985-1990, en Estados Unidos se duplicaron los miembros de Enviromental Defense Fund (EDF), mientras que Greenpeace pasaría de 400 mil miembros a 850 mil en todo el mundo (Keck y Sikkink, 2000: 179). El caso de Greenpeace es representativo: desde su fundación en Vancouver en 1971, se concibió como una organización internacional descentralizada que criticaba el materialismo, al tiempo que apreciaba la naturaleza (Paelke, 1989). Durante los setenta, las pruebas nucleares y la caza de ballenas fueron los dos temas predilectos contra los que se manifestó esta organización. Los espacios donde protestaban en el mundo variaban, pero siempre buscaban hacerse notar en la opinión pública. Mientras las protestas en las calles eran comunes en países industrializados, se enviaban lanchas a aquellos lugares donde Estados Unidos y Francia realizaban pruebas nucleares (Keck y Sikkink, 2000: 180).

El avance del ambientalismo ha favorecido nuevas formas de construcción ciudadana (Santandreu y Gudynas, 1998), de modo que este no puede excluirse del ámbito político y social. Si bien el concepto “ecología”, acuñado en 1873, era empleado para referirse a una rama de la biología que se ocupaba de las interrelaciones dentro de los ecosistemas, desde la segunda mitad del siglo xx el término ha adquirido una connotación política (Hobsbawm, 2013: 467). De manera orgánica, el ambientalismo se transforma en una red articulada de diversos actores, incluyendo a científicos y activistas sociales que  fortalecen su identidad ciudadana mediante el cuidado de sus derechos fundamentales y su participación en el espacio público, guiándose por motivaciones éticas, estéticas, sociales y económicas (Ulianova y Estenssoro, 2012: 185).

El activismo vinculado al medioambiente se levantó como una nueva resistencia y una renovada crítica a las confrontaciones entre las superpotencias durante la Guerra Fría. No obstante, en Latinoamérica, las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado frenaron el activismo y, en términos generales, las formas de asociatividad disminuyeron al mínimo. Aun así, al no existir relaciones evidentes con las izquierdas de la región, de todas maneras encontramos la existencia de demandas ambientales en este periodo, como las críticas a la destrucción del bosque nativo a raíz de la reforestación con especies exóticas en Chile (Camus y Hajek, 1998: 28-29). De todos modos, cuestionamientos como estos no tuvieron demasiada visibilidad, en tanto las críticas ecologistas fueron inicialmente resistidas en el continente. “Los empresarios, los gobiernos, los líderes de opinión y hasta el ciudadano común creían que la insistencia en la protección ambiental era un subterfugio para desacelerar el crecimiento económico de América Latina y mantener una situación de dependencia” (Garretón, 2004: 53).

Recién en los noventa el panorama cambiaría. Con el fin de la Guerra Fría, la adopción del neoliberalismo a nivel global reacomodó las formas de organización social y el empeoramiento de las condiciones ambientales posicionó en la agenda global asuntos como la deforestación, la lluvia ácida y la contaminación (Sánchez, 2015: 52-53). En la región, la cuestión medioambiental encontraría un terreno fértil a medida que el retorno democrático permitía nuevos modos de organización social (Keck y Sikkink, 2000: 181). Con ello, el desarrollo de los movimientos ambientalistas favoreció la rearticulación de un tejido social deshecho, en medio de graves violaciones a los Derechos Humanos.

No sorprende entonces que haya sido en América Latina donde se organizó la siguiente conferencia ambiental de la ONU. La Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebró del 3 al 14 de junio de 1992, en Río de Janeiro. En el Principio 1 de su Declaración, de manera muy similar a la de Estocolmo, se reconocía a “los seres humanos [como] el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” (ONU, 1992). Mas, a diferencia de Estocolmo, en esta declaración se precisaba el medio en el que el ser humano podía alcanzar su bienestar: estipula que las personas “tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (ONU, 1992), por lo que el hilo conductor del documento lo constituía, precisamente, el desarrollo sostenible (Handl, 2012: 5).

La Declaración de Estocolmo y la Declaración de Río representan hitos en cuanto a la cuestión ambiental en Occidente. A lo largo de los veinte años transcurridos entre una y otra, es posible apreciar la incorporación de conceptos especializados a las agendas políticas, como desarrollo sostenible, así como también una ampliación del derecho ambiental a nivel internacional. A su vez, las organizaciones sociales se nutrieron de estas ideas para articularse como actores de una sociedad civil en transición, dejando atrás ya sea la Guerra Fría como las dictaduras latinoamericanas. Finalmente, entre Estocolmo y Río se advierte un movimiento no solo en cuanto a la organización de las Conferencias entre dos continentes, sino que evidencia la extensión de las ideas alusivas a la cuestión medioambiental desde el Norte Global al resto del mundo. Así, nociones y prácticas sociales serían incorporadas en el desarrollo del ambientalismo latinoamericano, adecuándolas a sus contextos particulares.

 

 

Ambientalismo en Chile: el caso del Biobío

 

 

La creciente presencia mediática de la cuestión medioambiental en Chile quedaría de manifiesto recién al finalizar la década de los ochenta y, sobre todo, con la llegada de los años noventa. A medida que se consumaba el fin de la dictadura militar, los distintos proyectos políticos que disputaron las elecciones de 1989 debieron incorporar, de una forma u otra, contenidos ambientales en sus programas de gobierno (Camus y Hajek, 1998: 36). El presidente electo, Patricio Aylwin, firmó la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en 1990, como institución “encargada de definir una política ambiental y de proponer una ley marco y una institucionalidad ambiental para el país” (Camus y Hajek, 1998: 37).

No se trató de una modificación solamente en el ámbito político. Los centros de investigación, las universidades y las ONG pasaron del diagnóstico y la denuncia a las propuestas de acción y gestión de problemas ambientales (Camus y Hajek, 1998: 44). Un ejemplo revelador es la tesis de posgrado escrita por Fernando Estenssoro en 1988, que desde el mundo académico daba luces acerca de las posibilidades de articulación de un nuevo movimiento social en torno a la cuestión medioambiental (Estenssoro, 1988).

En tal contexto sociopolítico, y no antes, las iniciativas políticas y académicas consiguieron un correlato en la ciudadanía. El escenario permitió que la cuestión medioambiental pudiese desarrollarse con mayor libertad de acción para la asociatividad comunitaria, y ya no bajo la sombra de la dicotomía capitalismo-comunismo, lo que antes había derivado en una guetización de las demandas ambientales (Ossandón, 2005: 61). Así, en 1988 surgió la primera gran red ambientalista chilena, Red Nacional de Acción Ecológica (Renace), la cual desde un primer momento estuvo conectada con organizaciones similares en Argentina, Brasil y Uruguay (Ulianova y Estenssoro, 2012: 193). Precisamente, el foco de Renace estaba en “vincular y articular a través de una Red el trabajo de distintas organizaciones ciudadanas que han emprendido acciones ecológicas en sus comunidades, o que han asumido un trabajo permanente en el área ambiental a través del país” (Liberona, 2000: 10).

En Chile, los cambios a nivel político, académico y ciudadano respecto al cuidado y protección del medioambiente tuvieron que ver con un nuevo paradigma a nivel global, pero también se vieron fortalecidos por un marco legal en el que los grupos ambientalistas podían desenvolverse, de modo que sus demandas fueran consideradas legítimas por los otros actores de la sociedad. En este sentido, la Constitución Política de la República de Chile, emitida en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se hacía cargo de las nuevas concepciones internacionales sobre el medioambiente. El artículo 19 n° 8 de la Constitución de 1980 asegura a las personas “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza” (República de Chile, 1980). De esta manera, el Estado se transformaba en garante del medioambiente, y entregaba las herramientas para que los ciudadanos pudieran ampararse en él: al vulnerarse el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, se podría interponer un recurso de protección (República de Chile, 1980: artículo 20).

La emanación de estas ideas desde el régimen militar no resulta extraña, pues las innovaciones en el área de la ciencia, la tecnología y el medioambiente no dañaban la imagen de la dictadura; al contrario, contribuían “a fortalecer el aura de modernización y de vanguardia que servía a los propósitos de construir un vago prestigio del régimen” (Silva, 2019: 242-243). Asimismo, como señalábamos antes, la preocupación por la preservación del medioambiente no fue objeto de represión,[7] e incluso algunas de sus corrientes, como aquellas vinculadas al nacionalismo verde, pudieron operar con una relativa libertad de acción (Ossandón, 2005: 64-65). Bajo estos lineamientos, el doctor Juan Grau fundó en 1974 el Instituto de Ecología de Chile, consiguiendo posicionar la defensa del medioambiente al interior de la dictadura y llegando a transformarse en asesor del régimen en los años ochenta (Ossandón, 2005: 64). Es posible, entonces, que figuras como él hayan incidido en la inclusión del medioambiente dentro de la Constitución de 1980.

Considerados estos antecedentes, los movimientos medioambientales tuvieron un importante desarrollo en Chile, en especial durante los años noventa. Ello se vio reflejado en un significativo apoyo ciudadano hacia ellos: una encuesta de 1996 reveló que más de la mitad de los jóvenes chilenos estaban interesados en el medioambiente.[8] Un año antes, un periodista de Las Últimas Noticias declaraba: “Por fin la ecología ha dejado de ser una moda para una importante parte de la población. Jóvenes y niños tratan seriamente de integrar a sus vidas los hábitos y los elementos que permiten preservar el medioambiente de tanto desgaste y destrucción”.[9] En respuesta a dicho interés empezaron a organizarse distintas iniciativas comunitarias ligadas al medioambiente, como jornadas ecológicas que incluían plantaciones de árboles, reciclaje, recolección de basura[10] y diagnósticos en torno a las problemáticas vecinales en esta materia.[11] Asimismo, Santiago fue en 1995 sede de la Primera Feria Ambiental de Latinoamérica, que contó con una alta asistencia de público y se convirtió en todo un éxito.[12]

Cada vez más la prensa daba cuenta de la importancia de la cuestión ambiental, dedicando crecientes espacios a los conflictos relacionados con ella. Ciertamente, uno de los conflictos preponderantes, y que otorgó mayor visibilidad al activismo medioambiental, fue la resistencia a la instalación de centrales hidroeléctricas en el país. Aunque antes existieron otras disputas en materia ambiental, como las críticas a la reforestación en dictadura, las demandas no lograron configurarse bajo las características, previamente esbozadas, de un movimiento social articulado. La resistencia generada a partir de la instalación del complejo hidroeléctrico Pangue-Ralco adquirió gran visibilidad mediática, con una amplia presencia en los medios de prensa de la época y un sofisticado nivel de articulación entre sus actores, que permite situarla como, probablemente, el mayor conflicto ambiental de los noventa en Chile (Moraga, 2001: 7; Toro, 2011).

Situadas en la zona del Alto Biobío, las centrales hidroeléctricas de Pangue y Ralco entraron en funcionamiento en 1996 y 2004, respectivamente. El proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia de Chile suministraría una producción superior a 1000 KW (Martínez y Delamaza, 2018: 75); pero la construcción de las represas provocó la inundación de 22 mil hectáreas de territorio mapuche-pehuenche, obligando a relocalizar a 600 familias indígenas y a más de mil campesinos (Moraga, 2001: 25). A su vez, la propia empresa a cargo del proyecto, Endesa, reconocía que los proyectos repercutían en un intenso proceso de eutroficación en la zona; esto es, exceso de materia orgánica debido a la putrefacción de los bosques sumergidos. Además, la construcción y puesta en marcha de las represas significaba un peligro para los peces al secar y alterar los cauces naturales de los ríos (Moraga, 2001: 58).

Endesa debió hacerse cargo de los riesgos involucrados en la construcción de las centrales, y elaboró diversos planes de mitigación. Uno de ellos fue el Plan de Relocalización, pensado para las familias pehuenche que habitaban el sector donde se instalaría la central Ralco. Dicho plan no consiguió el éxito deseado, puesto que las soluciones planteadas por la empresa pasaban por alto un elemento central de la cosmovisión mapuche: las tierras no poseen un valor monetario (Yáñez y Molina, 2011: 13-14).

La respuesta insuficiente por parte de la empresa, asociada a un deficiente rol mediador del Estado en el tema,[13] resultó en una creciente preocupación por parte de la ciudadanía. El asunto copó rápidamente el espacio público desde inicios de la década, y alcanzó un nivel nacional e incluso trasnacional. A las advertencias de estudiantes y políticos sobre los graves trastornos al ecosistema que provocarían las centrales en el Alto Biobío (Camus y Hajek, 1998: 77-81) se suma el importante rol que jugó el Grupo de Acción por el Biobío (GABB) dentro de la contienda. Fundada en 1991, la ONG brindó una visibilidad internacional al conflicto. Sus integrantes, liderados por Juan Pablo Orrego, contaban con el capital social y político para conectarse con redes ambientalistas trasnacionales y agencias internacionales (Martínez y Delamaza, 2018: 76). Así, la Sociedad Sueca de Conservación de la Naturaleza no solo expresó su apoyo al GABB, sino que también criticó la retórica desarrollista con que la estatal Agencia de Cooperación sueca validaba los proyectos de Pangue y Ralco (Ulianova y Estenssoro, 2012: 205-206).

La ofensiva internacional del GABB también incluyó la visita a las oficinas centrales de Endesa en España y una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002, lo que obligó a los distintos actores involucrados en el conflicto a sentarse a negociar (Cuadra, 2014; Martínez y Delamaza, 2018: 78). Precisamente, desde Madrid se pronunciaron movimientos ecologistas en apoyo a las demandas ambientalistas del Alto Biobío, considerando la “responsabilidad española” en los altos mandos del proyecto. Dentro de esos organismos destacan los Amigos de la Tierra, la Coordinadora Madrileña para la Defensa de la Naturaleza y la Coordinadora Ecologista del Sud.[14]

Cabe consignar entonces que el apoyo de instituciones internacionales a las protestas contra Pangue-Ralco insertaron al ambientalismo chileno en redes de defensa trasnacional. Además de los ya mencionados organismos españoles, tuvieron un papel clave en el manejo comunicacional del conflicto y en la orientación de las acciones contenciosas asociadas la International Rivers Network, institución estadounidense dedicada a la denuncia de los daños medioambientales provocados por represas en el mundo; The World Comision on Dams, dependiente de la anterior y enfocada en el aspecto académico de los impactos causados por las represas, y la Red Internacional de Apoyo Pehuenche, fundada en Berlín a raíz del conflicto hidroeléctrico y coordinada por chilenos residentes en Alemania (Ortega, 2011: 61-64). La apertura internacional del conflicto en el Alto Biobío también se reflejó en otros ejemplos, como el documental exhibido a modo de denuncia por ESPN, y la visita del presidente Kennedy a la zona, enunciando un potente discurso conservacionista (Ulianova y Estenssoro, 2012: 205-206).

El caso del Alto Biobío no solo exhibe una articulación internacional de actores no estatales, sino que también muestra las conexiones del ambientalismo con otros movimientos sociales. El indigenismo, potenciado por la conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América, se vinculó con el ambientalismo para frenar la construcción de Pangue y Ralco. En 1995 distintos representantes del pueblo pehuenche amenazaron con distintas acciones de fuerza, como la toma de terrenos, si no se paralizaba la construcción de represas en el sector. Uno de ellos señaló que las obras de Endesa dañaban el medioambiente, afectando “el modo de vida y la cultura de los mapuches pehuenches”, y terminando “con los medios de subsistencia de la población local”.[15]

El avance del indigenismo contó con el apoyo de distintas organizaciones ambientalistas aunadas en función de un objetivo común, de manera análoga a la asociatividad de los nuevos movimientos sociales. Una serie de organismos, entre los que destacan Renace y el Instituto de Ecología Política (IEP), entregaron una contundente declaración pública acusando al gobierno de usar “todo el poder político para imponer su planteamiento, que es la defensa de los proyectos empresariales que pretenden los costos mínimos de producción, en detrimento del patrimonio común”.[16]

El asunto no quedó solo en declaraciones. Uno de los mecanismos más utilizados para visibilizar la lucha de ambientalistas e indigenistas fue la irrupción en reuniones de la empresa a cargo de los proyectos hidroeléctricas.[17] El 11 de abril de 1996, accionistas de la empresa y dirigentes indígenas y ecologistas tuvieron una exaltada discusión en las oficinas de la compañía. En medio de gritos, los empresarios insultaron a los manifestantes por su “demagogia”, mientras que estos últimos aludían a la histórica agresión del pueblo mapuche y a los daños generados al medioambiente.[18]

Otra estrategia utilizada para manifestar el descontento fue la protesta pacífica. En un multitudinario nguillatún de más de tres mil personas, comunidades indígenas nacionales y extranjeras se dieron cita en el Alto Biobío en octubre de 1996. El lonco José Antolín Curriao expresó con enfado que “acá va a quedar inundado todo, donde viven los peñis, donde están sus cementerios, sus animales, todo. La represa será una gran perjudicación”. La prensa describía la indignación de los asistentes y destacaba a Johny Whitecloud, representante de los oto-iowa, pueblo indígena del territorio actual de Estados Unidos.[19]

Haciendo uso de los marcos legales que entregaba la legislación vigente, en 1992 organizaciones indígenas y ecologistas, encabezadas por el director del GABB, Juan Pablo Orrego, presentaron a la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de protección contra las hidroeléctricas del Alto Biobío. En el recurso se argumentaba el desastre ecológico de proporciones que provocaría la instalación de las centrales, afectando la agricultura, flora y fauna del lugar, además de obligar al desplazamiento forzoso de miles de pehuenche. Amparándose en la Carta Fundamental, la demanda legal solicitaba que la construcción de la obra se suspendiera “mientras no se aseguren los derechos constitucionales a la vida, a la propiedad y a vivir en un medioambiente libre de contaminación” (Camus y Hajek, 1998: 78-79). Comienza así una lucha legal entre Pangue S.A., filial de Endesa, y los grupos medioambientalistas e indigenistas. Sin embargo, la Corte Suprema acogió la apelación interpuesta por Pangue, con lo que la construcción de la central hidroeléctrica se transformó en una realidad. Juan Pablo Orrego señaló en agosto de 1993 que “el Bíobío es ahora un desaparecido más […]. Se ha decretado la muerte del río” (Moraga, 2001: 3).

A pesar de las diversas presiones contra la realización de los proyectos Pangue y Ralco, ambas centrales hidroeléctricas terminaron construyéndose, entrando en funcionamiento en los años 1996 y 2004, respectivamente. Mas la forma en que se articuló la resistencia a ellas evidenciaba un fenómeno nuevo en Chile, país que ya contaba con otros megaproyectos hidroeléctricos que también habían provocado graves problemas, como inundaciones de pueblos aledaños,[20] aunque sin provocar posturas tan enfrentadas. En este sentido, a diferencia de las represas construidas en tiempos anteriores, la difusión de ideas sobre el cuidado y protección del medioambiente, tanto a nivel nacional como internacional, así como las prácticas asociadas a ellas, fueron fundamentales para que la construcción de las centrales hidroeléctricas obligara a la empresa encargada del proyecto a mitigar los daños generados, gracias a una potente oposición ciudadana.

 

 

 

 

Conclusiones

 

 

La resistencia a Pangue y Ralco, que alcanzó una inusitada resonancia mediática, no se explica por sí sola, sino que requiere un análisis histórico que tome en cuenta el desarrollo nacional e internacional del ambientalismo. A través de ella se cristalizaron las demandas de un ambientalismo chileno que ya estaba en formación, al mismo tiempo que fueron adecuadas a la realidad nacional aquellas ideas y prácticas globales asociadas al cuidado ambiental. En este sentido las estrategias de acción contenciosa, propias de los nuevos movimientos sociales surgidos en la segunda mitad de la centuria, no solo fueron recibidas en Chile, sino que más bien fueron apropiadas y reinterpretadas por los actores locales.

En el marco de la formación de nuevos movimientos sociales, los activistas ambientales establecieron redes con organismos internacionales, lo que significó que el conflicto del Alto Biobío fuera conocido en distintos puntos del planeta, junto a otros movimientos, en especial el indigenismo, lo que se tradujo en la unión de actores sociales heterogéneos en función de consensos y movilizaciones amplias. La presencia de demandas ambientalistas en medios de comunicación y en el espacio público se vinculaba directamente con estrategias adoptadas por organismos como Greenpeace en las décadas anteriores: en ambos casos, el objetivo era incidir en la opinión y las políticas públicas mediante una concientización respecto a la necesidad de preservar el ambiente.

Desde el retorno a la democracia, la cuestión medioambiental ha estado presente de forma recurrente en el espacio público chileno (Garretón, 2004: 130-131; Horvath, 2015). HidroAysén, proyecto hidroeléctrico de envergadura en la zona austral del país, fue cancelado en 2017 luego de años de resistencia civil, con un multitudinario apoyo expresado a lo largo de todo Chile y también en el extranjero (Horvarth, 2015). Del mismo modo, luego del estallido social de octubre de 2019, la ciudadanía ha expresado sus demandas por las transformaciones de la propiedad del agua, cuestionando una vez más las relaciones existentes entre el ser humano y su entorno natural.

El debate ambiental es un tema constante en la actual agenda pública. La apropiación de ideas y prácticas provenientes del Norte Global otorgó un impulso fundamental al ambientalismo, permitiendo que se levante como una demostración de la agencia colectiva en el desarrollo histórico contemporáneo.

 

 

Bibliografía

 

Brannstrom, C. y Gallini, S. (2004). “An Introduction to Latin America History”. En Brannstrom, C. (ed.). Territories, Commodities and Knowledges. Latin American Enviromental Histories: The Nineteenth and Twentieth Centuries. Londres, Institute for the Study of the Americas: 1-20.

 

Camus, P. y Hajek, E. (1998). Historia Ambiental de Chile. Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile.

 

Carson, R. (1962). Silent Spring. Boston, Houghton Mifflin.

 

Castells, M. (1998). La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. Volumen II: El Poder de la Identidad. Madrid, Alianza.

 

Castro, G. (2015). “Historia ambiental: raíz, razón, camino”. En Gallini, S. (ed.). Semillas de historia ambiental. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia y Jardín Botánico de Bogotá: 11-13.

 

Cuadra, X. (2014). “Nuevas estrategias de los movimientos indígenas contra el extractivismo en Chile”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals 105: 141-163.

 

Davis, M. (2017). Late Victorian Holocausts. El Niño Famines and the Making of the Third World. Londres, Verso.

 

Devés, E. (2000). El pensamiento latinoamericano en el siglo XX: entre la modernización y la identidad. Tomo I: Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950). Buenos Aires, Biblos.

 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). (1997). Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco. Estudio de impacto ambiental. Tomo III. Santiago de Chile, ENDESA.

 

______. (1993). ENDESA: 50 años de futuro, Santiago de Chile, ENDESA.

 

Estenssoro, F. (2014a). “El Medio Ambiente en la Política: un tema controvertido desde sus orígenes”. En Estenssoro, F. (coord.). Diálogos europeos-latinoamericanos de ecología política. Proyección del debate sobre medioambiente y desarrollo en el siglo XXI. Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile: 13-22.

 

______. (2014b). Historia del debate ambiental en la política mundial 1945-1992. La perspectiva latinoamericana. Santiago de Chile, IDEA, Universidad de Santiago de Chile.

 

______. (1988). Proyección del debate medioambiental. ¿Hacia un nuevo movimiento social en Chile? Tesis de magíster. Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

Garcés, M. (2012). El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile. Santiago de Chile, LOM.

 

Garretón, M.A. (comp.). (2004). América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz sociopolítica. Santiago de Chile, LOM.

 

Handl, G. (2012). “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972, and the Rio Declaration on Enviroment and Development, 1992”. United Nations Audiovisual Library of International Law. En https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html (consultado el 15/07/2020).

 

Hobsbawm, E. (2013). Historia del siglo XX. Buenos Aires, Crítica.

 

Horvath, A. (2015). La revolución de los territories y de las energías. Patagonia, aguas, glaciares y borde costero: libres. Santiago de Chile, LOM.

 

Keck, M. y Sikkink, K. (2000). Activistas sin fronteras: redes de defensa en política internacional. México D.F., Siglo Veintiuno.

 

Liberona, F. (2000). (coord.). Renace 10 años. Santiago de Chile, Renace.

 

López, N. (2018). “Un terremoto silencioso: sequía y crisis social en el campo chileno de los sesenta”. En Seminario Simon Collier 2017. Santiago de Chile, RIL e Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

Marimán, P., Millalén, J., Caniuqueo, S. y Levil, R. (2016). ¡…Escucha Winka…! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. Santiago de Chile, LOM.

 

Martínez, C. y Delamaza, G. (2018). “Coaliciones interétnicas, framing y estrategias de movilización contra centrales hidroeléctricas en Chile: ¿qué podemos aprender de los casos de Ralco y Neltume? Middle Atlantic Review of Latin American Studies 2(1): 68-96.

 

McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2005). Dinámica de la contienda política. Barcelona, Hacer.

 

McNeill, J. y Unger, C. (eds.). (2010). Enviromental Histories of the Cold War. Washington, German Historical Institute.

 

Moraga, J. (2001). Aguas turbias. La Central Hidroeléctrica Ralco en el Alto Bíobío. Santiago de Chile, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

 

Organización de Naciones Unidas (ONU). (1992). “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. En Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, ONU.

 

______. (1972). “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano”. En Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo, ONU.

 

Ortega, V. (2011). Redes de defensa transnacional y la campaña por la defensa del Alto Bio-Bío: el caso Ralko (1997-2004). Tesis de magíster. Santiago de Chile, Universidad de Chile.

 

Ossandón, L. (2005). Los nuevos movimientos sociales en Chile: el caso del movimiento ambiental. Tesis de Pregrado. Santiago de Chile, Universidad de Chile.

 

Paelke, R. (1989). Environmentalism and the Future of Progressive Politics. New Haven, Yale University.

 

Pinto, J. (2002). “De proyectos y desarraigos. La sociedad latinoamericana frente a la experiencia de la modernidad”. Contribuciones científicas y tecnológicas 130: 95-114.

 

Purcell, F. (2018). “Imaginarios socioculturales de la hidroelectricidad en Sudamérica 1945-1970”. Atenea 518: 97-116. DOI https://doi.org/10.4067/s0718-04622018000200097

 

República de Chile. (1980). Constitución Política de la República de Chile. Santiago, República de Chile.

 

Riechmann, J. y Fernández, F. (1994). Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales. Barcelona, Paidós.

 

Rucht, D. (1990). “Campaigns, Skirmishes and Batdes: Antinuclear Movements in the USA, France and West Germany”. Industrial Crisis Quarterly 4: 193-222. DOI https://doi.org/10.1177/108602669000400304

 

Sánchez, V. (2015). “La naturaleza en la historia. Tendencias y cambios en la historia ambiental, 1970-2010”. En Gallini, S. (ed.). Semillas de historia ambiental. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia: 39-73.

 

Santandreu, A. y Gudynas, E. (1998). Ciudadanía en movimiento: participación y conflictos ambientales. Montevideo, Trilce.

 

Silva, B. (2019). Estrellas desde el San Cristóbal. La singular historia de un observatorio pionero en Chile (1903-1995). Santiago de Chile, Catalonia.

 

Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid, Alianza. DOI https://doi.org/10.5565/rev/papers.1923

 

Taylor, C. (2006). Imaginarios sociales modernos. Barcelona, Paidós.

 

Toro, N. (2011). Estrategias de las redes transnacionales de defensa. El caso del pueblo indígena Mapuche frente a la contrucción hidroeléctrica Ralco en Chile (1996-2000). Tesis doctoral. Rosario, Universidad de Rosario.

 

Touraine, A. (1995). ¿Qué es la democracia? Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

 

Ulianova, O. y Estenssoro, F. (2012). “El ambientalismo chileno: la emergencia y la inserción internacional”. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos 12(1): 183-214. DOI https://doi.org/10.4067/s0719-09482012000100008

 

Villalobos, S. (1990). (coord.). Historia de la Ingeniería en Chile. Santiago de Chile, Hachette.

 

Yáñez, N. y Molina, R. (2011). Las aguas indígenas en Chile. Santiago de Chile, LOM.

 

 

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Recibido: 14/10/2018

Aceptado: 02/03/2020

Versión final recibida: 18/05/2020