Revista Estudios Avanzados 33, diciembre 2020: 28-39   ·   ISSN 0718-5014   ·   DOI https://doi.org/10.35588/rea.v1i33.4668

 

 

De las doctrinas Drago y Haya de la Torre a la

“integración solidaria” de Puig: bases teóricas para la integración regional en el pensamiento latinoamericano*


From the Drago and Haya de la Torre Doctrines to Puig’s “Solidary Integration”:

Theoretical Bases for Regional Integration in Latin American Thinking

 

 

Aldana Clemente**

 

 

Resumen

El presente artículo analiza el pensamiento latinoamericano en torno a relaciones internacionales, específicamente sobre la integración regional, enfocándose en tres propuestas surgidas en América Latina en diferentes momentos históricos, como fueron las doctrinas Drago y Haya de la Torre (a principios del siglo XX) y la noción de “integración solidaria” ideada por Juan Carlos Puig (a fines del mismo siglo). Dichas propuestas se inscriben, a pesar de su distancia temporal, en un paradigma que privilegió el estudio de las relaciones internacionales desde una concepción de mundo propia y ligada a su lugar de origen, enmarcada en los procesos históricos propios vividos a lo largo del siglo XX en la región, a partir de los cuales es posible analizar la integración al sistema mundo de América Latina y considerar posibles vías de solución a la problemática de la presión ejercida por las grandes potencias. 

Palabras clave: integración regional, teorías, Latinoamérica.

 

Abstract

The present work will analyze Latin American thinking on international relations, specifically on regional integration, focusing on three proposals that emerged in Latin America at different historical moments, such as the Drago and Haya de la Torre Doctrines (at the beginning of the 20th century) and the notion of “solidarity integration” devised by Juan Carlos Puig (at the end of the same century). These proposals are inscribed, despite their temporal distance, in a paradigm that privileged the study of international relations from a conception of their own world and linked to their place of origin, framed in the own historical processes lived throughout the XX century in the region, from which it is possible to analyze the integration into the Latin American world system and possible ways of solving the problem of pressure exerted by the great powers.

Keywords: regional integration, theories, Latin America.

 

 

 

 

Las relaciones internacionales en y desde

el pensamiento latinoamericano

 

Las teorías de relaciones internacionales son resultado de un tiempo y un espacio social determinado (Bernal-Meza, 2005: 361), de una coyuntura que, respondiendo a determinadas características, permite y condiciona, a la vez, el modo en que las mismas se piensan y desarrollan. La interpretación del contexto expresa, entonces, una forma de ver y estar en el mundo. Por tanto, existen tantas teorías como visiones sobre este. Sin embargo, la predominancia de unas por sobre otras, ha estado determinada a lo largo del tiempo por factores ligados a la hegemonía y al poder, que han permitido a distintas escuelas y países implantar y expandir su pensamiento al respecto.

Desde esta perspectiva, América Latina ha estado relegada en cuanto a la conformación de teorizaciones propias sobre las relaciones internacionales; no porque estas no hayan existido, sino por el fuerte avance de las corrientes provenientes de países hegemónicos en este campo de estudio que han impregnado las unidades académicas regionales tanto de forma directa como indirecta.

En las últimas décadas, sin embargo, gracias a una revitalización de nociones tales como la de integración regional —asociada a categorías como soberanía y autonomía—, el panorama ha cambiado notablemente. Ello permite un análisis que excede los términos meramente económicos de la idea de integración regional para retomar cuestiones sociales y culturales, partiendo de intereses y objetivos propios de la región, permitiendo indagar en los antecedentes históricos que sentaron las bases de un pensamiento y una visión de las relaciones internacionales y de la integración regional, más específicamente, acorde a las necesidades y proyecciones desde el sur y para el sur.

De este modo, la presentación de ciertos aspectos de la idea de América Latina como una región en el mundo inmersa en el largo tiempo histórico tuvo una directa implicancia en la comprensión de las relaciones establecidas entre las naciones que componen estas latitudes del continente americano (Heredia, 2008: 7). Tal idea de historicidad es precisamente la que permite reconocer una serie de antecedentes dentro del pensamiento latinoamericano que sirven de sustento teórico frente a la pretendida universalidad de las teorías de las relaciones internacionales, y su consecuente expansionismo ideológico y cultural.

En este sentido, es la historia la que permite identificar a América Latina dentro del proceso de globalización e integración al sistema mundo desde tiempos tempranos para explicar su desarrollo desigual respecto del centro, logrando en primer lugar reconocerse como periferia para luego sí, abocarse a la búsqueda de soluciones propias.

Tres son entonces las nociones que consideraremos aquí en tanto antecedentes del pensamiento latinoamericano basado en la idea de una integración regional: la doctrina Drago, la doctrina Haya de la Torre y la noción de “integración solidaria” propiciada por Juan Carlos Puig. En los tres casos, gracias a sus escritos (entendidos como fuentes de primera mano), y en distintos marcos temporales, ofrecen elementos teóricos que, asociados a la integración y la unidad regional como hilo conductor, han influenciado y fundamentado, hasta nuestros días, la existencia de un pensamiento latinoamericano en relaciones internacionales.

 

Las tres propuestas en contexto histórico

 

Lo denominada doctrina Drago fue la respuesta argentina y latinoamericana frente a las potencias europeas que a principios del siglo XX intimaron, mediante el uso de la fuerza, al Estado venezolano a pagar sus deudas. Esto sucedió a pocos meses de terminada la Segunda Conferencia Panamericana en México, a fines de 1902, cuando naves de Gran Bretaña y Alemania, a las que se agregaron posteriormente las de Italia, exigieron el cobro de las deudas del gobierno venezolano pendientes con particulares europeos. Aunque dicha intervención supuso de hecho un desafío a los contenidos de la doctrina Monroe (“América para los americanos”), el gobierno norteamericano la justificó con el llamado “primer Corolario Roosevelt”,[1] que limitaba la aplicación de la doctrina a los casos de adquisición de territorio en América por parte de una potencia no americana, y respaldaba la intervención de potencias extrarregionales originada por el cobro de deudas, como la efectuada por las potencias europeas en Venezuela (Escudé y Cisneros, 2000). Debido al apoyo norteamericano hacia los agresores europeos, el dictador venezolano Cipriano Castro optó por aceptar las condiciones impuestas por estos últimos.

La llegada a Buenos Aires de la noticia de la intervención europea en Venezuela generó, en el Congreso, una división entre dos grupos: el de aquellos sectores partidarios de efectuar una declaración de solidaridad sudamericana y el de los proclives a no adoptar ninguna medida que pudiera generar tensiones en los lucrativos vínculos argentinos con Europa (Escudé y Cisneros, 2000). En esas circunstancias, Luis María Drago, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina del presidente Julio Argentino Roca, entre agosto de 1902 y julio de 1903, preparó una nota, protestando por los sucesos de Venezuela. Dirigida al ministro argentino en Washington, apelaba a que fuese presentada al gobierno norteamericano y a todos los gobiernos latinoamericanos con la finalidad de que su propuesta fuese anexada como corolario a la doctrina Monroe (Witker, 2020: 216). En ella se incluyó lo que más tarde se dio en llamar la “doctrina Drago”. El argumento central sostenía que “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea” (Drago, 1903: 7).

La postura del canciller argentino constituyó en este caso un respaldo al texto de la doctrina Monroe y a la vez una fuerte crítica hacia las prácticas intervencionistas en la región, tanto de origen europeo como estadounidense. En la misma, Drago demostró dos elementos fuertemente interrelacionados: el primero, su explícito respaldo a la doctrina Monroe y su preocupación por la intervención europea en Venezuela. El segundo, que el uso de la fuerza contra Venezuela implicaba una ocupación territorial, en abierta tensión con la doctrina Monroe. En la presentación de su obra impresa en julio de 1903, el propio Drago explicita la importancia de la solidaridad y la acción concertada de la región:

 

Nuestra comunicación puede también ser considerada bajo otro aspecto que no reviste pequeña importancia. Ella representa un paso muy considerable en el sentido de establecer la acción concertada y solidaria de las naciones de América, más necesaria que nunca en el momento presente. La política de las grandes potencias puede, en efecto, llegar  asumir, en cualquier momento, direcciones hostiles para estas repúblicas. (Drago, 1903: 10)

 

Pero las sugerencias de Drago llegaron en un momento poco oportuno para el gobierno norteamericano. La administración de Theodore Roosevelt adoptó un internacionalismo de “lobo solitario”, una suerte de nuevo Destino Manifiesto, perfil de política exterior que tuvo como rasgos la salida del aislacionismo norteamericano basado en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades para inversiones y seguridad en el poder naval, objetivo acorde con una economía norteamericana en plena expansión. Por lo tanto, no tuvo la menor intención de apoyar la doctrina Drago en su versión original. Mediante una serie de acciones, los representantes de Washington pusieron en evidencia sus reservas para aprobar el proyecto.

Finalmente, en la Conferencia de La Haya de 1907, la delegación de Estados Unidos propuso una versión moderada de la doctrina Drago, por la que la renuncia al uso de la fuerza para obtener el pago de la deuda estaba condicionada a la aceptación de una solución arbitral por la nación deudora. El delegado estadounidense Horace Porter presentó la proposición que lleva su nombre por la cual las potencias contratantes convienen en no recurrir a la fuerza armada para el cobro de “deudas contractuales” al gobierno de un país por el gobierno de otro país. Pero dicha estipulación no podría ser aplicada cuando el Estado deudor rechace o deje sin respuesta un ofrecimiento de arbitraje; o en caso de aceptación, haga imposible el establecimiento del compromiso, o después del arbitraje deje de conformarse a la sentencia pronunciada (Escudé y Cisneros, 2000).

La Proposición Porter fue objeto de reservas por once Estados participantes de la Conferencia, entre ellos la Argentina. La delegación nacional votó en favor de la proposición aunque con dos reservas: no se recurrirá al arbitraje hasta no haber agotado las instancias judiciales del país del contrato y los “empréstitos públicos” no podrán dar lugar, en ningún caso, a la agresión militar ni a la ocupación material del suelo de las naciones americanas.

De este modo, la doctrina Drago contribuyó a que en el Derecho Internacional positivo se incorporara la limitación del empleo de la fuerza en el cobro de las deudas contractuales “cuando el Estado deudor se niegue a aceptar el arbitraje o, en su defecto, cuando habiéndolo aceptado previamente se niegue a ejecutar la sentencia arbitral” (García de Larrea, 2003: 22). Esta tesis apareció luego en la Convención sobre limitación del empleo de la fuerza en el cobro de las deudas contractuales (Tamburini, 2002).

Si bien en la práctica no se frenó el intervencionismo por motivos económicos, durante el periodo anterior a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, la tesis de Drago estuvo presente en la redacción de las Cartas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recogen entre sus principios el concepto del respeto de los países miembros a la integridad territorial, así como el compromiso de abstenerse de aplicar medidas económicas o de cualquier otra índole para ejercer coacción.

Por su parte, la doctrina Haya de la Torre, que lleva el nombre por Víctor Raúl Haya de la Torre, político y pensador peruano, está marcada por una preocupación política, nacional y continental (Bernal-Meza, 2005: 32), surgida en el contexto de los años treinta del siglo XX, e influenciada por dos hechos contemporáneos: la política del “buen vecino” propiciada por el gobierno de Roosevelt desde Estados Unidos y el surgimiento y expansión del fascismo alemán. Este último hecho, según Haya de la Torre, conllevaba un temor fundado en la expansión alemana en África (donde tenía colonias) y la relativa cercanía de dicho continente con Brasil, acelerando el peligro hacia toda América Latina. Asimismo, a su entender, el petróleo venezolano era un bien importante para las pretensiones bélicas del III Reich.

En este contexto, en sus publicaciones de 1936 el político peruano comenzó a plantear la necesidad de que la región se una en defensa de la soberanía ante los peligros que el avance de las grandes potencias suponía: “nuestra primera tarea política es, consecuentemente, la tarea de defender nuestra soberanía. En esta obra de defensa ningún país aislado puede obtener la victoria. Si el peligro es común, económico, con proyecciones políticas, la defensa tiene que ser también común” (Haya de la Torre, 1936: 74).

En 1940 Estados Unidos aún no entraba a la guerra, pero Haya de la Torre se arriesgó y pronosticó que quedaba muy poco tiempo para que aquel evento se llevara a cabo. De hecho, propuso que, si el presidente Roosevelt decidía entrar al conflicto bélico, América Latina debía formar un bloque de defensa interregional, cuyo objetivo sería proteger a las dos Américas de un posible triunfo fascista, en tanto que las riquezas y sociedades de ambas corrían peligro frente a las intenciones alemanas (Haya de la Torre, 1941: 15).

Haya de la Torre planteó que, antes de aliarse a Estados Unidos, América Latina debía conformar un bloque de defensa intrarregional, cuyas propuestas se iban a alcanzar siempre y cuando se consolidara la integración latinoamericana.[2] Con la finalidad de reducir el estado de permanente inseguridad frente a posibles conflictos de índole internacional, propuso que existía “una sola solución y de seguridad: la previa unión indoamericana [...] así haremos más fuerte la defensa en caso de agresión y así haremos más segura y garantiza[remos] la alianza con los Estados Unidos al juntarnos a ellos para la defensa común” (Haya de la Torre, 1941: 15). Desde su perspectiva, “la única posibilidad que los países de la región tenían para poder contener el avance, era hacerlo bajo el mismo paraguas. Es más, al ser minúsculas ‘gotas en un tremendo mar’, a nuestros países no les quedaba otra que actuar integrados y así abandonar la dispersidad” (Hodge Dupré, 2011: s.p.).

La noción de integración que impregnó su propuesta era de tipo defensiva; es decir, un instrumento que le permitiría a la región, al menos, negociar con Estados Unidos. No obstante, y al menos en una primera instancia, la defensa no debía ser bélica, ya que el imperialismo solo atacaba militarmente cuando encontraba resistencia armada. En ese sentido, el primer instrumento que debían llevar sobre sus brazos los latinoamericanos era el “nacionalismo continental”. Haya de la Torre puntualizó la cuestión en el aprendizaje que debían adquirir los latinoamericanos para luchar contra el enemigo y cómo cumplir cabalmente las etapas de aquella lucha ideológica, al menos en un primer momento.

Así, después de haber afirmado la unión de los pueblos y haber consolidado la defensa de la soberanía nacional y regional, propuso continuar con lo que denominó la “lucha final”, al conjunto de “aliados” que integren un gran movimiento nacionalista bajo las banderas del APRA (la Alianza Popular Revolucionaria Americana) (Haya de la Torre, 1936: 83-4). Dicha Alianza, fundada por él en 1924, sería la plataforma más idónea para comenzar la defensa, pues una delegación en cada país de la región generaría las redes capaces de contener un ataque imperialista. De este modo evidencia el rol central de los latinoamericanos como los únicos actores capaces de llevar a cabo la defensa continental, quienes, mediante la integración regional, debían estar preparados —al menos ideológicamente— para contener el avance de la “frontera en movimiento” (término utilizado para referirse a Estados Unidos) (Hodge Dupré, 2011: s.p.).

Tal posicionamiento lo llevó a plantear, en conjunto, que cualquier tipo de pacto con el imperialismo conllevaba a perder la autonomía y a caer en una dependencia estructural. Para ello definió cinco puntos generales que servirían de base a cada país latinoamericano que decidiera unirse a esta especie de “internacional” regional (Bernal-Meza, 2014: 32): (1) clara postura antiimperialista frente a Estados Unidos; (2) búsqueda de unidad latinoamericana;      (3) nacionalización de tierras e industrias; (4) internacionalización del Canal de Panamá, y (5) solidaridad de todos los pueblos y clases oprimidas del mundo (Haya de la Torre, 1927).

Su aporte al pensamiento de integración regional se basó en fortalecer la imagen de América Latina, concientizando que lo “propio” era un instrumento válido y eficaz en la lucha contra el imperialismo. De este modo, la elevación de lo local por sobre lo universal fue una idea permanente en su visión sobre defensa, ya que para consolidar la integración la región debía estar atenta, dado que el avance del imperialismo ponía en riesgo, además de lo territorial y político, a la cultura latinoamericana. Por eso su defensa, eminentemente pacífica, nunca invitó a atacar a Estados Unidos a modo de protección. No se trataba de resistir el imperialismo y sus capitales desde la violencia, sino más bien a partir de una oposición económico-cultural que incluía, por ejemplo, los servicios de empresas estadounidenses, principalmente en el área del transporte y las comunicaciones, lo cual permitía resguardar los intereses de América Latina.

Sin dudas el aporte de Haya de la Torre al pensamiento latinoamericano sobre la integración se encuentra en la capacidad de pensar la unidad regional desde la unión de los pueblos y la defensa de la soberanía frente al imperialismo no desde una propuesta bélica, sino estando alerta a los distintos tipos de penetración —económica, cultural, social— que dañan los intereses legítimos y propios.

En cuanto a Juan Carlos Puig, su aporte en el pensamiento latinoamericano de integración se encuentra inmerso en el contexto propio de la Guerra Fría, durante los años 70 y 80 del siglo XX en Argentina y la región. El teórico, que también fue Canciller de la Nación durante la presidencia de Héctor Cámpora, generó y sistematizó componentes teórico-metodológicos sobre la política exterior marcados de manera determinante por el concepto de autonomía (Simonoff, 2007: 398).

Desde su perspectiva, la generación de esquemas propios de interpretación frente a otros creados en los países desarrollados era de crucial importancia. En este sentido, la autonomía era percibida en términos dialécticos; en la relación con el Bloque, su carácter determinante era el grado de oposición con Estados Unidos. Así, Puig visualizó que, en la disciplina de las Relaciones Internacionales desde el punto de vista del funcionamiento del régimen internacional, no existía hasta ese momento una teoría que, por una parte, suponga una aproximación fidedigna a la realidad social y, por otra, sirva eficazmente a los fines prescriptivos de los Estados periféricos.

Los trabajos de Puig en torno a la autonomía implicaron en este sentido un salto cualitativo en los estudios de política exterior en Argentina, al tiempo que contribuyeron a consolidar la construcción de la misma como campo disciplinar. De esta manera, la cuestión de la autonomía se convirtió en un tema clave y recurrente en los debates teórico-conceptuales, así como también en la práctica e implementación de la política pública. Esto obedeció a que, en su análisis, Puig plantea la necesidad de hallar “modos alternativos de acción para Estados sin poder y para revertir la condición de periferismo permanente” (Puig, 1984: 35), adoptando una perspectiva incrementalista y progresiva. La autonomía se presentaba para el autor como un objetivo y una aspiración estatal dispuesta a dar discusión al clásico postulado de Tucídides al decir que “los poderosos hacen lo que quieren” mientras que “los débiles hacen lo que deben”. Para ello, definió algunas estrategias autonomizantes, revalorizando los recursos de poder de los países medianos y pequeños de la región. La autonomía, definida como la “capacidad de una nación para optar, decidir y obrar por sí misma”, debía según Puig “partir de una adecuada comprensión de la estructura y funcionamiento del sistema internacional para poder desentrañar los reales condicionamientos que de él fluyen” (Puig, 1984: 42-3), apostando a una estrategia que requiere una movilización de los recursos de poder.

Según este planteamiento, Puig postula que la comunidad internacional se ordenaba y funcionaba tal como una sociedad doméstica, donde existen tomadores de decisiones o “repartidores supremos”, ejecutores o “repartidores inferiores” y quienes obedecen o son “recipiendarios”. Pero tal verticalidad no quita la posibilidad de actuación autonómica y progresiva para un Estado menor. Al contrario, el autor no prevé que las únicas opciones para estas naciones sean la adscripción o alineamiento pragmático con las potencias sino que reconoció la posibilidad que manejan para alterar o crear nuevos regímenes, desde los cuales sería posible limitar a los actores más poderosos del sistema.

Puig detectó, además, que las decisiones en los Estados están limitadas por las relaciones de poder entre los grupos sociales recipiendarios. Entonces, según su propuesta de gradación por niveles de autonomía (dependencia paracolonial, dependencia nacional, autonomía heterodoxa, autonomía secesionista) destacaba el tercer nivel, de autonomía heterodoxa, donde los grupos internos buscan capitalizar espacios que por debilidad o error dejan el o los países dominantes (Clemente, 2020: 79-82). Así reconoció la existencia de posibilidades de autonomización para los estados de menor poder relativo, al advertir que es posible identificar factores que otorgan cierta flexibilidad al régimen internacional, brindando márgenes de maniobra que pueden ser aprovechados para aumentar los grados de independencia en el manejo de la política exterior.

La autonomía heterodoxa era, entonces, la etapa deseable a la cual debía aspirar la política exterior de un país periférico como Argentina. En este estadio se acepta la conducción estratégica de la potencia dominante, pero se discrepa abiertamente con ella por lo menos en tres cuestiones importantes: (1) en el modelo de desarrollo interno, que puede no coincidir con las expectativas de la metrópoli; (2) en las vinculaciones internacionales que no sean globalmente estratégicas; (3) en el deslinde entre el interés nacional de la potencia dominante y el interés estratégico del bloque (Creus, 2011: 55). Este último punto es el que se conecta precisamente con la idea de “integración solidaria regional”,[3] lo cual implica la existencia de un bloque vinculado por intereses comunes, acorde al lugar que ocupa en el sistema internacional, idea en la que radica también uno de los aportes del autor al pensamiento latinoamericano.

El autor planteó la necesidad de superar el modelo de integración económico-comercial por uno sustentado en los valores compartidos de los países latinoamericanos que sea instrumental al proceso de “autonomización” de la región. Propuso entonces la integración solidaria, basada en la concreción de alianzas estratégicas, acciones políticas de carácter sectorial, firma de acuerdos bilaterales o multilaterales, y la promoción de políticas de cooperación entre los países latinoamericanos (Briceño Ruiz, 2014: 35). Al analizar las posibilidades que las alianzas aportaban a la defensa como instrumento de la integración solidaria, Puig señalaba que, dentro del contexto del régimen internacional y de los condicionamientos que de este fluyen, las alianzas mantenían un rol clave, entendidas como uniones de Estados decididos a conseguir determinados objetivos sectoriales, pero que también se fundamentaban en valores compartidos, entre los cuales descuella el de la autonomía (Bernal-Meza, 2014: 110).

La noción de integración solidaria conllevaba entonces la utilización de categorías como la de autonomía, asociadas a una innovación en el campo teórico-académico nacional y regional, y a la centralidad del pensamiento autóctono latinoamericano en el campo disciplinar. La idea de una cooperación estratégica entre pares con proyectos amplios y plurales, entendida como una “autonomía solidaria”, se asoció a la implementación de la política exterior y apunta, entonces, a lograr alcanzar una solidaridad estratégica con otros países que aspiran a la autonomía sin perder de vista el lugar de la región en el sistema internacional.

 

Similitudes y diferencias en los fundamentos

del pensamiento de integración latinoamericana

 

Del contexto y análisis de contenido de las doctrinas Drago y Haya de la Torre, así como de los postulados de Puig sobre la autonomía solidaria, se desprenden una serie de aspectos. A pesar de la distancia temporal que abarca de un extremo a otro el siglo XX, se detectan ciertas similitudes que, a modo de tendencia, permiten hilar sus vínculos y rol como base y fundamento del pensamiento latinoamericano en integración regional.

Estructuramos el análisis atendiendo a los siguientes ejes: la visión del sistema internacional que predominó en cada una de las propuestas, el tipo de integración planteada, y la relación con la o las potencias dominantes.

En torno a los primeros dos ejes, en el caso de la doctrina Drago subyace la idea de un orden internacional donde, si bien encontramos Estados centrales con mayor poder, existe también un respeto a la doctrina del Derecho Internacional que los iguala. En sus propias palabras: “Entre los principios fundamentales del Derecho Público Internacional que la humanidad ha consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales” (Drago, 1903: 2-3). Para la situación específica del cobro de deudas sobre el cual trata la doctrina, el poder que los Estados centrales tienen no les otorga el derecho de subordinar a los demás mediante ocupación territorial. De este modo Drago expresaba que “El cobro militar de los empréstitos supone la ocupación territorial para hacerlo efectivo y la ocupación territorial significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales en los países a que se extiende” (Drago, 1903: 5). En este sentido, Drago criticó el rol estadounidense que justificó el accionar europeo en Venezuela, dejando de lado los preceptos de la doctrina Monroe. Por tanto, si bien Drago reconocía el lugar predominante de Estados Unidos en la escena internacional, así como el de las potencias europeas, buscó los canales legales de la región para hacer oír su postura y defender los intereses regionales. Esto constituyó una apertura hacia una nueva política multilateral basada en el concepto regional de “hemisferio occidental”, decantando en una extensión de los principios de Monroe y sentando precedentes para formas de accionar pacíficas y en conjunto, que permitieran a Estados no centrales marcar su posición ante el avance de las potencias.

En la doctrina Haya de la Torre se recogió la idea de la acción regional planteada por Drago, aunque más profundamente, convirtiéndose su autor en uno de los más importantes impulsores del “internacionalismo latinoamericano”. El mismo, buscó dar un fundamento teórico a la visión del mundo desde la cual concibió a América Latina frente al imperialismo (Bernal-Meza, 2005: 32), apuntando a un acercamiento pacífico a los problemas regionales y a la unidad latinoamericana como forma de enfrentar a los poderes centrales. Precisamente, en su visión del sistema internacional, Haya de la Torre defendió la noción de “unión de los Pueblos” para conformar un bloque de defensa, aunque no entendida en un sentido bélico, sino más bien que a partir de la integración latinoamericana se defendiesen los intereses locales frente a los del imperialismo. De este modo, el imperialismo, se convirtió en la motivación directa para elaborar un pensamiento “defensivo”; amenazó con usurpar riquezas, pero también con derrocar gobiernos, debilitar las estructuras públicas y destruir las diferentes clases sociales. En ese contexto, el mayor peligro lo enfrentaba la soberanía nacional y social/popular, en tanto que los países quedaban atónitos y desesperanzados al ver la frialdad con la que actuaba Estados Unidos y sus compañías transnacionales. La circunstancia de indefensión frente al poder imperial aumentaba en un contexto de desunión, por lo que propuso como primera medida, para erradicar ese estado, la integración de los pueblos: unidos serían capaces de defenderse contra el imperialismo, primero estadounidense, y luego fascista (Hodge Dupré, 2011). Asimismo, la lucha contra este estaba destinada a conservar la integridad y comenzar el proceso que llevaría a la unión a la vez que se asoció incipientemente a la noción de autonomía, siendo esta última un factor relevante para entender el estado de vulnerabilidad frente a las intenciones políticas y comerciales norteamericanas. En estos términos, el planteo impulsado por Haya de la Torre sobrepasó la dimensión teórica plasmándose en el movimiento del que fue su mentor, el APRA, que logró convertirse en una fuerza política organizada, irradiando su fibra en varios países latinoamericanos y en pos de la unidad continental.

Por su parte, Juan Carlos Puig, décadas más tarde, replanteó desde una visión académica y teórica las posibilidades de afianzar la integración partiendo de una visión de la comunidad internacional que se ordena y funciona tal como una sociedad doméstica, donde existen tomadores de decisiones o “repartidores supremos”, ejecutores o “repartidores inferiores” y quienes obedecen o son “recipiendarios”. Aunque entendiendo que esta verticalidad no quita, según su perspectiva, la posibilidad de actuación autonómica y progresiva para un Estado menor. Al contrario, el autor no prevé que las únicas opciones para estas naciones sean la adscripción o alineamiento pragmático con las potencias, sino que reconoce la posibilidad que tienen para alterar o crear nuevos regímenes, desde los cuales limitar a los actores más poderosos del sistema. Dicha posibilidad de actuar en el sistema internacional teniendo en cuenta los “márgenes de acción” de los Estados periféricos se traduce en la importancia de plantear una cooperación estratégica que propicie la integración regional entre países con objetivos y condiciones similares.

Así, es posible señalar que en los tres autores existe una visión del sistema internacional en la que se reconoce la existencia de Estados centrales vinculados a la acción imperialista y a la necesidad de que América Latina —relegada de ese escenario de poder— logre asociarse e integrarse. El fin de la integración está dado por la necesidad de frenar dicho avance sobre la soberanía estatal pero también por lograr influir en asuntos internacionales partiendo de objetivos y valores compartidos. De este modo, y en cuanto a la relación planteada con la potencia dominante, Drago establece canales de contención a partir de la lucha en escenarios internacionales de debate, limitando y dejando en evidencia el rol de las potencias europeas y el alineamiento estadounidense con ellas. Haya de la Torre, por su parte, va más lejos al reconocer la necesidad de unidad latinoamericana en cuestiones de defensa para luego enfrentar a Estados Unidos con mayores posibilidades de hacerlo “de igual a igual”, no inicialmente desde la violencia sino apuntando a factores económicos y culturales asociados a sus empresas transnacionales. Por su parte Puig, si bien postula distintas etapas en su concepción de la autonomía, en las que va desde la dependencia paracolonial a la secesión, pasando de una relación de dependencia total con la potencia a una de ruptura, es en su definición de autonomía heterodoxa en la que cobra interés, vinculada a la integración, una relación con la potencia en la que se acepta su conducción pero con la posibilidad de disentir en asuntos trascendentales como el modelo de desarrollo interno, vinculaciones internacionales no estratégicas y el interés nacional de la potencia disociado del bloque, tal como se señaló anteriormente.

Si bien existen algunas diferencias de forma, el sustrato ideológico y la cuestión de fondo que subyace en los postulados de los tres políticos y teóricos aquí analizados a través de sus doctrinas y escritos es similar. Es posible encontrar entonces, ya a comienzos del siglo XX, antecedentes de un pensamiento latinoamericano orientado a la idea de integración regional y basado en la defensa de intereses propios asociados a un concepto autónomo de latinoamericanismo. Sus textos, entendidos como expresiones jurídicas y políticas, posicionaron a América Latina como una región que ha buscado definir su lugar en el concierto internacional en términos de diálogos posibles a partir de reglas de juego entre iguales, donde la soberanía del Estado, la dimensión regional, la cooperación y la inserción internacional se encuentran fuertemente vinculadas (Devés y Álvarez, 2020: 15).  Ello sentó las bases de profundos debates sobre el rol de la región en el sistema internacional; implicó una revisión de la propia historia, el surgimiento de estudios a partir de nuevos conceptos acordes a la realidad regional e influenció, además, la forma de gestar y concebir las relaciones exteriores dentro de la región y hacia afuera.

De este modo, el planteamiento y vigencia de las propuestas y categorías de análisis centradas en problemáticas propias de nuestras estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas, resulta fundamental para la identidad local y regional, a la vez que, dada su riqueza y originalidad, han permitido ganar espacios dando debate a las corrientes de pensamiento generadas en los centros.

 

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Recibido: 12/07/2017

Versión final recibida: 27/09/2020

Aprobado: 27/09/2020

 



* Artículo elaborado en el marco del Doctorado en Historia del Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Beca doctoral de CONICET, proyecto: “De Alfonsín a Kirchner: las interpretaciones de la autonomía en la política exterior argentina”, 2014-2019.

** Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, ORCID 0000-0001-5639-5310, aldana_clemente@outlook.com

 

[1] Al respecto véase a Conil Paz, A. Historia de la Doctrina Drago (1975) y Silva, C.A. La política internacional de la Nación Argentina (1946: 492-517).

[2] Al respecto véase a Castro, A. (2006). Filosofía y política en el Perú. Estudio del pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui y Víctor Andrés Belaunde, y Bergel, M. (2006). “La desmesura revolucionaria. Prácticas intelectuales y cultura vitalista en los orígenes del APRA peruano (1921-1930)”.

[3] Como señala Raúl Bernal-Meza con el título de “Integración solidaria en América Latina”, se desarrolló el proyecto de análisis, teoría y praxis sobre la integración regional, que Juan Carlos Puig impulsó y dirigió, hasta su muerte, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Se trataba de un proyecto quinquenal, iniciado en 1989, luego del desarrollo de un seminario que, bajo su conducción, elaboró las pautas sobre las que se llevaría a cabo el trabajo de investigación (Bernal-Meza, 2014: 115).